Política Criminal

Desafíos 2030 para la República Argentina


Diálogos es una nueva iniciativa de CAPSI, que por medio de una serie de entrevistas llevadas a adelante por el Mg. Ehsan Sherbi se abordarán diferentes temas y problemáticas en materia de Seguridad y Defensa.


En esta oportunidad, dialogando con el Dr. Ariel Larroude - Director de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación - se explora y analiza la cuestión de la política criminal a nivel local y regional.

Conocemos tu desarrollo teórico acerca de las problemáticas de la seguridad, tu accionar desde la sociedad civil y ahora desde la función pública. ¿Cuáles han sido los aprendizajes entre lo conceptual y la praxis? ¿Es decir, desde tu experiencia en ambos lados, cuánto de lo que uno piensa se lleva a la práctica, y de esto cuanto genera el resultado esperado?

La formación técnica lo que te brinda es un margen ideológico de actuación. Algo parecido al hecho de pintar un cuadro sobre marcos preestablecidos por un juego de deseos de transformación social y convicciones políticas.

El trabajo de las Fuerzas Federales se ve en la calle día a día, y hay un consenso social que ha aceptado que esta situación sanitaria, sin ciertos parámetros de control territorial, no hubiera tenido los resultados que hasta ahora ubican a la Argentina como uno de los países que más ha hecho para cuidar a su gente.

Esos marcos son los paradigmas y lineamientos con los que uno se formó y no quiere dejar en la puerta de entrada de la gestión. No obstante, en política, las tintas y las condiciones para hacer una gran obra, a diferencia de la academia, no dependen de esas convicciones sino de la confluencia de varios factores, principalmente, la incidencia de los actores con poder real y el peso de la coyuntura que te exige repensar constantemente los alcances de cada decisión en base a criterios de oportunidad, mérito y conveniencia. La política es dinámica y por eso la necesidad de construir consensos de manera sostenible y sustentable, lo que solo es posible si tenemos la capacidad de plantear agenda según los marcos y lineamientos que nos formaron aún a sabiendas de las limitaciones de la política real y de la falta de recursos con los que cuenta el país.

En política criminal, está denominada “nueva normalidad” o simplificando, la realidad por la que atravesamos, ¿ha generado un dilema en la construcción de acciones políticas? ¿podemos pensar que nos encontramos ante el derrumbe de un paradigma, y la instauración de un “no paradigma”, para pasar a un escenario donde todo sirve, pero nada es determinante?

Tuvimos y tenemos, hasta que esta catástrofe sanitaria merme, la responsabilidad de que los sueños de los argentinos no mueran a la espera de una cama de terapia intensiva o en una fosa común. Esto, sin dudas, ha modificado el escenario y las líneas fundamentales de gobierno porque, obviamente, el COVID no formaba parte de la agenda pública ni en las elecciones ni en los primeros días de gestión. Yo no sé si hablar de un cambio de paradigma político, pero sí de una posibilidad enorme de cambiar algunas reglas del juego social y económico. Hoy por hoy hay sectores que han reivindicado el trabajo del Estado cuando hace poco tiempo pedían que sus agencias se achiquen o se hagan a un costado para que el sector privado se haga cargo de situaciones que históricamente no ha sabido administrar, por lo menos en la Argentina. En materia de seguridad, los esfuerzos seguirán abocados a la reducción del delito complejo y, hoy en día, a coadyuvar a que el virus no se expanda. El trabajo de las Fuerzas Federales se ve en la calle día a día, y hay un consenso social que ha aceptado que esta situación sanitaria, sin ciertos parámetros de control territorial, no hubiera tenido los resultados que hasta ahora ubican a la Argentina como uno de los países que más ha hecho para cuidar a su gente.

Desde tu visión como funcionario, ¿cuáles son los desafíos en materia de política criminal a 2030 para la República Argentina? ¿Qué herramientas y decisiones considera oportuna para darles respuestas?

Los desafíos a futuro están enmarcados dentro de las tres dimensiones político-criminales que regulan la actuación de las fuerzas de seguridad. Hablo de las dimensiones Federal, Ordinaria y Urbana. En la Federal, avocada a los delitos como el narcotráfico, la trata de personas, tráfico de armas, la corrupción, el lavado de activos, entre otras conflictividades, el gran desafío de cara al 2030 es que las organizaciones delictivas complejas disminuyan su capacidad operativa, logística y de gestión territorial, lo que depende de la organización y dirección de las fuerzas policiales en virtud de un plan político criminal sólido, de las estrategias de intervención multiagencial establecidas mano a mano con las provincias, los municipios y los actores de la sociedad civil, y de la capacidad de articulación que se tenga con el Ministerio Público Fiscal, ya que los fiscales son los que llevan adelante la acción penal del Estado cuestión que puede brindar la información necesaria para contrastar el trabajo de las fuerzas policiales con lo que finalmente decide la justicia. En la dimensión ordinaria, que es la que atraviesa los delitos comunes (robos, homicidios dolosos, etc.), la finalidad siempre será reducir la violencia en base a dos lineamientos: por un lado, que el Estado no genere más violencia que aquella que intenta prevenir y, por el otro, que solo resuelva violentamente -y solo bajo los parámetros legales- aquellas situaciones que sin una intromisión violenta los conflictos tienden a incrementarse. El desafío urbano, principalmente para la CABA, es que aparezcan planes político-criminales que dejen de lado la idea del control de la calle como único canal para gestionar la criminalidad. Existe una sobredimensionalidad de lo que el copamiento policial puede traer aparejado en lo que respecta a la reducción del delito en las grandes ciudades cuando, en realidad, está demostrado que esto trajo una fuerte discrecionalidad en el territorio y un afianzamiento de ciertas redes delictivas de baja estructura, pero fundamentales para incidir en los mercados y circuitos económicos que se generan a través de delitos considerados menores.

...el futuro de la política criminal en la Argentina y, me atrevo a decir, en Latinoamérica, en tanto organización discursiva, normativa y práctica de los medios represivos del Estado, dependerá de la planificación y del trabajo en conjunto entre las agencias políticas encargadas de administrar y dar respuesta al delito y la violencia y la labor del Ministerio Público Fiscal.

Desde su posición como especialista en política criminal ¿Cómo observa el desarrollo de esta temática en la región? ¿existen canales de cooperación y abordaje? ¿Cuál es la realidad de la política criminal en la región?

La región latinoamericana, en términos de política criminal, hace cuarenta años que maneja la misma agenda (el narcotráfico, el crimen organizado, la porosidad de las fronteras, etcétera). No obstante, los resultados -lamentablemente- siguen siendo desfavorables, ya que se ha incrementado el delito y la violencia aún en algunos países que han ostentado fuertes niveles de policiamiento y un crecimiento económico sostenido, por lo menos en los últimos veinte años. Por ello creo que el desafío es poder construir una agenda diseñada, organizada y dirigida en base a la fijación de intereses político-criminales concretos, en tanto conflictos que el Estado decidió intervenir violentamente, que permitan trabajos en conjunto, principalmente, en aquellos lugares donde el delito debe ser abordado de manera transnacional como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, etc. Por último, será también fundamental la actuación de los actores judiciales, principalmente, la de los Fiscales que en los últimos años han ganado terreno a través de las reformas de los sistemas de justicia, cuestión que le ha delegado poder de persecución y discrecionalidad de forma independiente a la voluntad de los magistrados. Una agenda en común entre los intereses político-criminales del Estado y los intereses persecutorios y punitivos del poder judicial puede ayudar al diseño de políticas planificadas y a largo plazo.

A modo de conclusión, ¿podemos hablar de un sistema de política criminal a nivel federal? ¿Cuáles son las estrategias que considera necesarias mantener y cuáles incorporaría? ¿Cuáles son los riesgos y amenazas que el sistema debe y tendrá que dar respuestas?

Bueno, en realidad creo que lo venimos charlando en la entrevista. Desde ya que hay un sistema federal de actuación y articulación policial pero este trabajo y esfuerzo debe estar también coordinado por los criterios de oportunidad de la justicia ya que en pocos años la agenda judicial estará enmarcada por la actuación del Ministerio Público Fiscal, tal como dije antes. En este sentido, el futuro de la política criminal en la Argentina y, me atrevo a decir, en Latinoamérica, en tanto organización discursiva, normativa y práctica de los medios represivos del Estado, dependerá de la planificación y del trabajo en conjunto entre las agencias políticas encargadas de administrar y dar respuesta al delito y la violencia y la labor del Ministerio Público Fiscal. Por eso hay que robustecer e insistir en que los fiscales se piensen como actores principales en la reducción del delito y la violencia y no como actores circunstanciales ligados a intereses partidarios. Por otro lado, los riesgos a futuro en términos de seguridad y política criminal, van a van a estar enmarcados por la capacidad o incapacidad de las agencias estatales para intervenir en el delito complejo como de prevenir y disuadir la generación de pequeños mercados ilegales que hoy se encuentran atomizados territorialmente para evitar que estos se robustezcan y tiendan a hacerse cada vez más poderosos, también considero que a futuro será cada vez más importante el rol de las víctimas, ya que históricamente el armado de las políticas criminales estuvieron guionadas por la lucha entre los intereses del Estado y los intereses del infractor. Por último, la inteligencia criminal tecnología jugarán un rol preponderante, por eso la necesidad de trabajar seriamente en protocolos de actuación que limiten y reglamenten esta actividad en el marco del estado de derecho y el orden constitucional.

Av. Carballo 178  - Puerto Norte
Rosario - Argentina
Suscribase a Nuestro boletín