Av. Carballo 178  - Puerto Norte
Rosario - Argentina
Suscribase a Nuestro boletín 

La población civil y las armas en Sudamérica

por Gustavo Merani*


En América Latina la tasa anual de muertes ocasionadas por armas de fuego asciende a 15.5 por cada 100.000 habitantes; mientras que en África es de 7.5 y en América del Norte solo el 3.9; recordemos que vivimos en la región más violenta del planeta.


“Las armas de fuego son las segundas en

importancia tan solo después de la Constitución,

ellas son los dientes de la libertad de la gente”

George Washington

Muchos de los ciudadanos que estamos relacionados a la seguridad pública o privada crecimos en hogares donde era habitual la tenencia y uso de armas de fuego, venimos de familias en las que normalmente había una o dos armas para “defensa”. Había una creencia de que “tenemos el arma por si nos entran a robar” era normal escuchar de nuestros abuelos y también de nuestros padres.


Con el tiempo fuimos creciendo, entendiendo que la tenencia y uso de armas de fuego es una gran responsabilidad que debemos asumir si formamos parte del mundo de las armas. El arma de fuego es aquella que utiliza la energía de los gases producidos por la deflagración de pólvora para lanzar un proyectil a distancia.


En América Latina la tasa anual de muertes ocasionadas por armas de fuego asciende a 15.5 por cada 100.000 habitantes; mientras que en África es de 7.5 y en América del Norte solo el 3.9; recordemos que vivimos en la región más violenta del planeta.


En los últimos años en América Latina las tareas legislativas en materia de control y desarme de armas de fuego y municiones han ocupado un importante lugar en la agenda internacional; estas legislaciones cumplen una tarea normativa a nivel societal señalando a la sociedad qué se pretende con la regulación de armas, qué principios se rigen y orientan en políticas en la materia, qué se espera de los ciudadanos y a qué se compromete el Estado.

En Argentina rige desde 1973 la Ley Nacional de Armas y Explosivos Nº 20.429 donde se detallan las diferentes categorías de armas de fuego, que pueden ser utilizadas con ciertos permisos y se prohíben las de uso automático para el ciudadano civil. La ANMaC Agencia Nacional de Materiales Controlados un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, anteriormente ReNAR Registro Nacional de Armas es el organismo que regula el uso y tenencia de las armas de fuego en el país.


En Argentina se estima que por cada arma legal registrada existe al menos una más que circula clandestinamente en el mercado ilegal, es decir que la proporción del comercio legal en la totalidad del mercado de armas es del 50% aproximadamente. Se estiman que en Argentina circulan 3.000.000 de armas de fuego.


Las fuentes del mercado ilegal de armas son variadas. Entre las principales se encuentran los robos a arsenales de las fuerzas armadas, depósitos policiales o judiciales, casas de particulares, armerías y la venta efectuada ilegalmente por funcionarios públicos corruptos.


Argentina tiene capacidad de abastecer su propio mercado negro de armas; el tráfico se da principalmente desde nuestro territorio hacia países limítrofes, especialmente Paraguay y Brasil. El destino de un arma recién ingresada al circuito ilegal es incierto. Muchas de ellas son revendidas, alquiladas o subalquiladas para ser utilizadas en un hecho delictivo puntual o en el contexto de una banda organizada. También pueden terminar en alguna armería clandestina, en algunos casos llegan a ciudadanos comunes que simplemente las adquieren porque son más baratas o porque no están dispuestos a afrontar el tiempo y los costos del trámite de ser “legítimo usuario” impuesto por el AnMAC sin medir en realidad las consecuencias que puede ocasionarles; en todos los casos el precio del arma en cuestión varía dependiendo del historial de utilización, poder de fuego y tipo de arma.


En la frontera con Brasil se han detectado más de ciento cuarenta puntos de paso ilegal de armas con sus países limítrofes teniendo en cuenta que las zonas de frontera ubicadas en el norte argentino están surcadas por ríos y selvas que hacen muy dificultosa la tarea de patrullaje.


Otra realidad es que contrabando va mutando en función de la represión. En 2006 ante las medidas represivas por parte de las fuerzas públicas de seguridad de Paraguay y Brasil, el contrabando de armas vía Pedro Juan Caballero localidad situada a 536 km al noroeste de Asunción y unida a Ponta Pora ciudad brasileña con la componen un solo bloque urbano de más de 200.000 habitantes se desplazó hacia Pasos de los Libres ciudad argentina de la Provincia de Corrientes ubicada junto a la frontera con Brasil, siendo su principal modalidad de tráfico el “hormiga”.


Es posible identificar algunas rutas y posibles patrones de tráfico de armas a partir de algunas investigaciones y requerimientos. El lugar que registra una mayor actividad de tráfico de armas es la frontera de Argentina con Brasil y Paraguay en la región de la Triple Frontera una línea de selva espesa en donde se hallan las ciudades de Foz do Iguazú, Ciudad del Este y Puerto Iguazú.

Tanto el tráfico de drogas como el de armas están íntimamente ligados. Ambos pueden ser analizados desde los principios básicos de mercado. Para que uno de ellos tenga lugar es necesario que existan ciertas condiciones, tales como la existencia de un mercado que genere demanda y un entorno de oportunidad y bajo costo. Estos factores suelen confluir en zonas en las que la vulnerabilidad social y la corrupción estatal van de la mano; la alta vulnerabilidad social y económica de algunas zonas de frontera es aprovechada por bandas organizadas para movilizar armas y drogas que fluyen hacia zonas urbanas signadas por la violencia y el dominio territorial que poseen. En definitiva, ambas mercancías agravan la situación de violencia e inseguridad de las grandes urbes en un círculo vicioso que parece no tener fin. En un mundo globalizado, no es posible concebir los grandes negocios tales como armas y drogas por separado.


Hasta el 2019 en Argentina existían 1.562.332 armas registradas ante el ANMaC de las cuales el 84 % pertenecen a civiles; no existen estadísticas sobre la cantidad de armas ilegales que circulan, pero según una investigación de la propia agencia estiman que en el mercado negro hay otro millón y medio más de armas; estudios llevados a cabos por otras organizaciones aseguran que en total el número de armas en Argentina asciende a 4.000.000.


La cantidad de ciudadanos argentinos que poseen la condición de “legítimo usuario” va siendo menor año a año, en el 2019 se registró una baja del 36% de ciudadanos legítimos usuarios que renovaron su condición después de hacer modificaciones en los requisitos de obtención y renovación donde los exámenes físicos y psicológicos deben hacerse en un centro autorizado por el organismo y no por cuenta propia de cada individuo como era anteriormente, sumándole a eso un costo mucho mayor.


El 84% de las armas registradas por el ANMaC pertenecen a usuarios civiles y el 96.6% son hombres, se estima que 1 de cada 13 argentinos está armado.


Si empezamos a comparar la situación de Argentina con la de los otros países de América del Sur nos encontramos con algunos datos llamativos.


Por ejemplo, Uruguay es el país más armado de la región con 32.6 armas registradas cada 100 habitantes, en 2017 tenían un total de 605.313 armas registradas y ocupa el 9º puesto en el ranking global de tenencia privada de armas de fuego de un total de 178 países registrados. Las FFAA tienen registradas alrededor de 77.000 armas y la policía cerca de 11.000.


Paraguay en 2017 tenía registradas 392.000 armas con una cantidad de habitantes cercana los 6.000.000 de personas, pero el número de armas asciende a 1.150.000 cuando también se contabilizan las ilegales. Según la Dirección de Material Bélico el tráfico de armas se da a través de las compras legales de armas que se realizan en el país ya que el control en aduanas es aleatorio y normalmente solo se declara el 20% de las armas que ingresan al país, el resto va a parar al mercado negro especialmente a Brasil donde de acuerdo al calibre del arma pueden llegar a tener un costo de 50.000 dólares.


Venezuela si bien tiene una fuerte política de desarme para su población civil, en 2017 se estima que hay casi 6.000.000 de armas entre registrada e ilegales, el doble de las que se estimaban en 2012. Llamativamente el último dato de armas registradas en Venezuela es del año 2011 donde había solamente 132.043. Un país donde se aplica la prohibición de venta de armas de fuego y municiones a ciudadanos civiles tiene la tasa de homicidios de 57 por cada 100.000 habitantes lo que lo convierte en el país más violento de la región.


Si analizamos Bolivia nos encontramos con que hay menos de 250.000 armas entre registradas e ilícitas, en un país que tiene un poco menos de 10.00.000 de habitantes, es decir 2.0 de armar cada 100.00 habitantes lo que lo ubica en el puesto 110 del ranking global mencionado anteriormente.


Brasil durante 2018 fue uno de los seis países del mundo donde se concentraron más muertes relacionadas con armas de fuego, con una tasa de 8.99 armas cada 100.000 habitantes considerando el SINARM Sistema Nacional de Armas hay un poco más de 9.000.000 de armas con registro activo.


Por último, Chile, nos encontramos con dos datos significativos: uno es que es el país de la región que tiene más armas largas registradas que armas cortas, posiblemente por la gran cantidad de habitantes en zonas rurales y el otro dato llamativo es que solamente 13 personas civiles tienen autorización del Estado a portar armas de fuego. Con una tasa de 12.10 armas cada 100.000 habitantes y más de 800.000 armas registradas hasta fines de 2017.


Para ir cerrando y dejando unas conclusiones finales se estima en la región que por cada arma legalmente registrada hay una en forma ilegal, debemos tenerlo presente cuando analizamos esta problemática. El tráfico ilícito de armas ha crecido en América Latina un 16% en la última década, se ha convertido en el comercio prohibido más extendido y lucrativo del hemisferio después de los estupefacientes.


A nivel global se producen anualmente 15.000 millones de municiones; cada año se fabrican 8.000.000 de armas de fuego pequeñas.


La región no trabaja en conjunto. Si analizamos los comportamientos políticos de los gobiernos de turno, observamos que durante el ciclo de gobiernos de centro izquierda hubo una gran insistencia en que la población civil se desarmara con incentivos económicos a cambio de entregar armas y municiones con cifras irrisorias, para muchos el desarme civil, la regulación del uso letal de la fuerza por parte de agentes de seguridad y la estrecha vinculación de uso y tenencia de armas de fuego, son puntos centrales a la hora de pensar una seguridad en clave democrática; para otro no es así.


Las leyes sobre armas para los civiles decentes sirven, pero sepamos que los delincuentes no respeten ninguna.


*Coordinador Nacional Comité Ejecutivo CAPSI. Egresado del Programa Ejecutivo en Politica y Gestion de la Seguridad (UCA - KAS). Certified Protection Officer - CPO - (IFPO). Diplomado en Formación Directiva de Gerenciamiento de Seguridad Privada (AGS). Diplomado Internacional en Alta Dirección de Seguridad Corporativa (FPLS).